El presente informe, presentado por la Allianza de ONGs Saharauis, aborda la problemática del acceso de los niños a la justicia en los campamentos saharauis de la región de Tinduf, en el suroeste de Argelia, fundamentándose en el marco jurídico internacional relativo a los derechos del niño y en las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El informe examina una problemática sustancial: la situación de apatridia que sufren miles de niños nacidos en los campamentos de Tinduf desde 1975, como consecuencia de la ausencia de un censo exhaustivo de la ONU sobre la población de los campamentos, a pesar de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad.

Esta situación conlleva la privación del disfrute de los derechos garantizados por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo, así como la imposibilidad de recurrir a los tribunales nacionales argelinos o a los mecanismos internacionales, incluido el Comité de los Derechos del Niño.

El informe subraya que la delegación por parte de las autoridades argelinas de sus competencias de seguridad y judiciales al Frente Polisario constituye una violación flagrante del derecho internacional y socava las oportunidades de protección de los derechos de los niños en el acceso a la justicia, dado que el Estado argelino alega sistemáticamente su falta de jurisdicción para tratar las comunicaciones relativas a las violaciones de los derechos de la infancia en los campamentos.

Asimismo, el documento constata múltiples barreras que impiden el acceso de los niños a la justicia, entre ellas la complejidad de los sistemas judiciales, el desconocimiento de los niños sobre sus derechos y la carencia de información necesaria sobre los mecanismos de reparación, además del temor al acoso, la estigmatización y las represalias, en un contexto marcado por la ausencia de una autoridad central democrática y del Estado de derecho en los campamentos.

El informe expone violaciones graves, documentadas nominalmente, que incluyen el secuestro y la detención de niñas, así como casos de retención forzada de jóvenes que poseen la nacionalidad o residencia española durante sus visitas familiares a los campamentos, mediante la connivencia entre las familias y elementos de la organización del Polisario.

Igualmente, se documentan prácticas de desplazamiento forzado de niños desde 1975 hacia Cuba, Libia y España, donde fueron sometidos a adoctrinamiento ideológico, entrenamiento militar y acoso sexual, haciendo especial hincapié en el programa "Vacaciones en Paz", el cual ha transmutado de un proyecto aparentemente humanitario a un mecanismo de adopción ilegal a espaldas de las familias biológicas.

El informe arroja luz sobre la coacción a los niños para su incorporación al trabajo militar prematuro y su privación de completar la educación, hechos que contravienen las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y derivan en graves secuelas psicológicas, sin posibilidad de que sus familias recurran a los tribunales argelinos o a los mecanismos internacionales.

El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Comité de los Derechos del Niño y a los Estados Partes, que incluyen la implementación de los estándares internacionales de derechos humanos, la revisión de las legislaciones nacionales, la regularización del estatus jurídico de los saharauis en los campamentos de Tinduf, la anulación de la delegación de competencias de las autoridades argelinas a la organización del Polisario, la creación de mecanismos independientes y eficaces para tramitar las quejas de los menores, la provisión de plataformas de información y educación en materia de derechos del niño, y la ampliación del espacio de intervención de las organizaciones de la sociedad civil para garantizar un acceso efectivo de los niños a la justicia y a vías de reparación justas.