Con motivo del Día Internacional de la Democracia, la Alianza de ONGs saharauis denuncia la persistente ausencia, en los campamentos de Tinduf, de los elementos más básicos de la gobernanza democrática y de la personalidad jurídica.
La Alianza considera que Argelia, en su calidad de Estado anfitrión y soberano responsable ante la comunidad internacional, se ha desentendido de facto de dicha responsabilidad al delegar el control efectivo sobre la población de los campamentos al Frente Polisario, generando así una zona gris y cerrada, sustraída a todo control jurídico o de derechos humanos verdaderamente internacional.
La Alianza califica la privación, durante cinco décadas, de un censo independiente y de una identidad jurídica documentada para los habitantes de los campamentos no como una mera deficiencia administrativa pasajera, sino como un crimen continuado contra la existencia civil de estos colectivos humanos, agravado por una estructura política de partido único que excluye el pluralismo, las elecciones libres y el control institucional.
Asimismo, el comunicado documenta las restricciones impuestas a la libertad de expresión, de asociación y de circulación, incluida la detención de activistas y blogueros en contravención del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con la instrumentalización política del expediente humanitario y el debilitamiento de la capacidad de las personas para expresar libremente su voluntad respecto a su destino, ya se trate del retorno, la integración o cualquier otra solución duradera.
Sobre esta base, la Alianza formula cinco reivindicaciones: la realización de un censo independiente bajo supervisión internacional efectiva; la apertura del espacio al pluralismo político y civil mediante elecciones libres y transparentes; el cese de la detención arbitraria de opositores y activistas; el establecimiento de mecanismos transparentes y sujetos a rendición de cuentas en la gestión de la ayuda humanitaria; y la garantía de que toda persona pueda expresar libremente su elección sobre su propio destino, al margen de cualquier presión o instrumentalización política.
La Alianza exhorta a las Naciones Unidas, a través de sus distintos órganos competentes, en particular el Consejo de Seguridad y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a conceder al expediente de los campamentos de Tinduf la prioridad y la atención que merece, en proporción con la gravedad de las violaciones descritas y su prolongada duración en el tiempo.
Asimismo, la Alianza hace un llamamiento a la comunidad internacional, Estados, organizaciones no gubernamentales y organismos regionales, para que trascienda las posturas simbólicas y las declaraciones circunstanciales, y active mecanismos concretos de control y rendición de cuentas que garanticen a la población afectada sus derechos fundamentales.
Ello obedece a que la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos, así como la posición de la democracia y de la libertad de expresión como valores universales e indivisibles, siguen dependiendo de la capacidad de traducir los principios proclamados en compromisos efectivos, aplicables a todos sin excepción ni selectividad, incluso en contextos marcados por la complejidad jurídica y política, como es el caso de los campamentos de Tinduf.